Perú es un país en el Sur de América, con 31 millones de habitantes, recursos naturales de alta gama, con sistemas de educación, justicia y salud pública deficientes. Tiene una clase media muy extendida y de alto consumo en el sistema de crédito. La plataforma mediática está hiperconcentrada en pocas empresas y la calidad de la clase política es baja. Tenemos un ex Presidente suicida, un ex Presidente prófugo, otros dos bajo investigación como organización criminal. Y uno muy mayor de origen japonés que aunque fue eficiente en los cambios estructurales, sufrió la paradoja de a más poder, más vulnerabilidad. 

El actual Presidente Martín Vizcarra fue cicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski peruano de prestigio financiero. Internacional que fue captado hace 35 años por la empresa Brasilera más poderosa y emergente de los años ochenta: Odebrecht. Vizcarra comploto contra el junto a un político, también corrupto por Odebrecht, César Villanueva. Siendo Ministro de Transportes Vizcarra ya habría otorgado favores a empresas conectadas con las grandes empresas de construcción e infraestructura del Brasil.

El gobierno de Vizcarra se sustenta en cuatro patas de poder: Una élite empresarial y legal corrupta, que agrupa a grandes empresas nacionales de construcción e importantes bufetes de abogados que convierten en legal y jurídico el trabajo sucio. Aquí también están las empresas que controlan los medios de comunicación. El segundo grupo de sustento son las familias académicas y de organismos no gubernamentales que llevan tres generaciones monopolizando la inteligencia de Lima: Presumen de un alto estándar ético y de gran influencia en la formación de Opinión pública. Controla parte del Estado peruano.

El tercer grupo es el aparato represivo policial. Se ha creado una policía judicial que la preside Harvey Colchado un oficial ambicioso que utiliza la tecnología y a los viejos sabuesos de Vladimir Montesinos para el control de daños social y el monitoreo de la disidencia y la oposición. El cuarto y último grupo es el más interesante pues reside en el poder de un equipo especial de Fiscales adscritos al caso Lavajato.

El grupo cuatro representa el poder que tenía Martín Vizcarra a través del manejo del sistema de justicia en concordancia con los otros grupos de apoyo para criminalizar o denominar organización criminal a todo opositor destacado como Alberto Fujimori, Keiko Fujimori y Alan García Pérez. No se discute la existencia de hechos criminales, pero la fuerza utilizada ha rebasado cualquier respeto al debido proceso. Perú tiene grupos criminales dentro de su sociedad urbana y violenta y ellos saben usar las fallas del sistema para salir impunes. El mejor ejemplo es el fiscal Juan Carrasco en el norte de Perú con la utilización corrupta de la colaboración eficaz y reprimir a los que lo investigan llamándolos organización criminal. Es el caso de Pro justicia. Los Fiscales más destacados en Lima son Domingo Pérez y Rafael Vela, cabezas del equipo especial Lavajato, parecen más abogados defensores de la empresa Odebrecht que funcionarios del Estado Peruano. Ellos lograron un acuerdo de colaboración que nadie puede leer pero que en resumen permite que todos sean acusados de organización criminal, menos la principal empresa corruptora Odebrecht. Estos Fiscales son el real poder político en el Perú, no respetan al Presidente de la Corte Suprema, ni a la Fiscal de la Nación y mucho menos al Presidente de la República.

El Presidente está enredado en esta estructura de poder que ahora se le subleva. Intento tener juego propio y fracaso. El Presidente es rehén de aquellos que lo empoderaron y está a punto de ser extorsionado por ellos mismos.

Mientras tanto aquellos que hemos sido reprimidos o hemos visto la claridad de este esquema político sólo nos queda organizarnos y utilizar las mismas y eficientes armas del Poder caviar, empresarial, mediático, policial y jurídico para que no quede un solo muñeco de pie. Nuestra capacidad de triunfar está en nuestra habilidad para unirnos sin depender de la vieja derecha o el fujimorismo cuestionable. Como dice Hernán Garrido Lecca hay un inevitable empoderamiento político de la clase media ilustrada y pragmática, que está vacía de contenidos ideológicos y patrióticos.

Es nuestro deber destruir el poder que sustenta al gobierno de Martín Vizcarra. También es nuestro deber no entregárselo a los que fracasaron.

Este artículo lo escribo para que la opinión pública internacional sepa que sucede en Perú. No todo es culpa de la Fundación Soros o del abogado de Odebrecht el Sr Kauffman. El tema imperial comercial de China y los intereses de Rusia, Irán, Bolivia y Canadá también forman parte del problema. Perú ya tiene varios casos de sanción a la disidencia. Destaca mi detención arbitraria por quince días, el involucramiento al analista político de oposición Víctor Andrés Ponce en falsos pagos de Odebrecht a él y la golpiza al dirigente Gavilán en Ayacucho, Sierra Central de Perú, por protestar pacíficamente frente a un local donde el Presidente iba a acudir para la entrega de títulos de Propiedad.

EL Perú no puede continuar así. Y la inercia de sus ciudadanos da mucho temor. Necesitamos que la comunidad internacional sepa que ya no hay democracia en Perú.