El transporte público es un sector importante para el desarrollo económico, social y territorial las ciudades en nuestro país. Por lo tanto, se necesita una adecuada planificación para un desarrollo sostenido de cada una de las modalidades que la componen, para lo cual, en estas circunstancias, es impostergable realizar reformas estructurales que estén orientadas a establecer una política de Estado que conlleve a fortalecer la institucionalidad.

En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, “ATU” creada por Ley, cuya función inicial era unificar funciones de los municipios de Lima y Callao en la regulación del transporte público para estas ciudades de conurbación urbana.

Es decir, una vez creada la “ATU” tiene funciones específicas que están plasmadas en dicha ley; como la de planificar, regular y fiscalizar el transporte público de manera autónoma y que pueda ejercer en Lima y Callao políticas referente al sistema de transporte integral, que hasta este momento, después de haber pasado más de dos años no ha podido concretar por una serie de razones, entre ellos la pandemia y esto es lo que dificulta la integridad de la gestión a través del recurso humano que están conduciendo y que es totalmente diferente a la institucionalidad.

En este sentido, se deben diferenciar dos cosas; por un lado, la institución como tal la “ATU”, que es importante fortalecerla, para que cumpla cabalmente con las funciones para la cual fue creada, en la organización del servicio tan necesario para las ciudades de conurbación urbana de Lima y Callao, es decir, que sea una institución que realmente cumpla sus objetivos, es decir, velar por la reforma y por la modernización del transporte para los usuarios.

Justamente para el cumplimiento de esos objetivos, se conformó políticamente la actual Directiva, poniendo al frente de tan importante institución, a una exfuncionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones “MTC” en la gestión del Ing. Martin Vizcarra, quien cuando fue presidente de la Republica, inclusive la nombro como Ministra de Transportes y de la Municipalidad de Lima Metropolitana “MML” en la gestión de la Sra. Susana Villarán, justamente en la Gerencia de Transporte Urbano y Pro Transporte, antecedentes que políticamente, la podían hacer merecedora de tan importante institución, más aún en la forma abrupta en la que remplazo al Dr. Valenzuela.

Sin embargo, dicho nombramiento patrocinado también por la Asociación Automotriz del Perú a través de su fundación “Transitemos”, anunciaron que la experiencia de su presidenta María Jara, garantizaría los éxitos esperados por millones de ciudadanos y miles de transportistas formales que atienden al 80 % de la demanda diaria de transporte en Lima y Callao, fueron marginados en las concesiones cuestionadas que se realizaron justamente cuando ella era parte del Directorio de Protransporte.

Lamentablemente los resultados hablan por sí solo, no ha habido ningún tipo de mejora en los 2 años que va a cumplir tan importante institución la “ATU”, se ha incrementado la informalidad, han quebrado muchas empresas de transporte formal, no llego nunca el apoyo para el programa de prevención sanitaria a los operadores del transporte, tampoco la subvención por la disminución de pasajero en cada unidad de transporte público y lo único que se ha visto es un trato preferencial a los operadores de los corredores complementarios , quienes no han cumplido con lo establecido en los contratos, al no contar con terminales terrestres, patios de maniobras, poner en servicios la flota de vehículos contractualmente comprometidos, entre otros que en ninguna medida han contribuido con el ordenamiento del transporte urbano y mucho menos con la mejora del nivel del servicios, como de la prevención del contagio entre otros.

Ante estos hechos es imprescindible que el próximo gobierno, tenga que fortalecer la institucionalidad, nombrando Directivos y funcionarios con real conocimiento Metropolitano y Nacional, que no tengan denuncias por ineficiencia, incapacidad en la gestión pública y/o corrupción en sus diferentes características también en la actividad privada, los mismos que deberían de tener una experiencia no menos de 15 años en el sector, entre otros requisitos que garanticen las capacidades necesaria para una eficiente gestión, como la definición del futuro de tan necesario como imprescindible servicio público post pandemia, que pueda integrar todas las modalidades en el Transporte Regular ( rutas de combis, microbuses y buses, taxis, mototaxis, motos lineales), y su integración con el sistema de ciclovías, entre otros.